Se eliminó el registro de abogados y gestores en ANSES para tramitar jubilaciones
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de desregulación al eliminar el “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” que funcionaba en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La medida fue oficializada a través de la Resolución 982/2024, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. El objetivo de la medida es simplificar los trámites previsionales y, según las autoridades, remover “barreras innecesarias” que obstaculizan a los ciudadanos.
La resolución derogó el registro que había sido creado por la gestión kirchnerista mediante la Resolución 479/2014, que establecía que los ciudadanos debían recurrir a abogados o gestores habilitados y registrados en ANSES para realizar trámites vinculados a prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En el documento oficial, se detalló que la eliminación de este registro se alineó con las directrices del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que había declarado la emergencia pública en materia económica, financiera y administrativa. Este decreto había establecido un programa de desregulación con el fin de remover normativas que, según la visión del actual gobierno, impedían el “normal desarrollo” de las actividades económicas.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue uno de los principales impulsores de la derogación y expresó su postura en redes sociales. “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía,” escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Sturzenegger destacó que con la Resolución 982/24 se derogó el registro creado en 2014, el cual, en su opinión, había sido una medida que “restringía el derecho de la gente de tramitar su jubilación al obligarlos a contratar un abogado o gestor”.
El funcionario explicó que este tipo de restricciones eran vistas como una “cabina de peaje” que favorecía a ciertos sectores profesionales en detrimento de los jubilados. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos,” afirmó.
