El Gobierno dio de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad laboral

El gobierno nacional suspendió más de 110.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en el marco de una auditoría, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, detalló que las bajas buscan asegurar que las ayudas lleguen únicamente a quienes las necesitan, en un contexto de revisión de los requisitos y de las denuncias de irregularidades.

De acuerdo con el portavoz, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, suspendió un total de 110.522 pensiones que, según el Ejecutivo, habían sido “mal otorgadas en gestiones anteriores”. A esta cifra se suman 8.107 pensiones que correspondían a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron al beneficio. La medida, según el cálculo oficial, representa un ahorro de 35.000 millones de pesos mensuales para las arcas del Estado.

Para justificar las suspensiones, Adorni citó casos de “fraude a gran escala”, mencionando que se hallaron casos en los que la misma radiografía o el mismo ecocardiograma se habían presentado en múltiples solicitudes de pensión en provincias como Tucumán y Chaco. El funcionario, además, criticó el “número estratosférico” de pensiones por invalidez, al señalar que estas crecieron de 79.000 en 2003 a más de 1.222.000 en 2023. El vocero comparó la cifra con la de Israel, que, a pesar de sus conflictos bélicos, tiene un porcentaje de población activa con este tipo de pensión inferior al de Argentina.

Las principales razones de las suspensiones son el no cumplimiento de los requisitos mínimos y la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas. La ANDIS explicó que este proceso busca redirigir los recursos y asegurar una distribución equitativa de los beneficios, mientras que las pensiones suspendidas podrían transformarse en bajas definitivas. Las auditorías, que no incluyen a menores de edad o a personas ya verificadas en 2024, son realizadas por profesionales del PAMI y personal de la Agencia.

Adorni también aprovechó para arremeter contra el Congreso, acusándolo de defender un “sistema corrupto” tras el rechazo al veto presidencial de una ley que aumentaba el presupuesto para el sector de la discapacidad. El vocero afirmó que esta nueva ley generaría un gasto adicional significativo para el Estado en 2025 y 2026, lo cual, según el Gobierno, va en contra de la política de ajuste fiscal.