El Gobierno cuestiona el Presupuesto aprobado y evalúa frenarlo o vetarlo
El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados dejó de ser viable porque, tal como quedó redactado, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada aseguran que la eliminación del Capítulo XI —que derogaba leyes consideradas incompatibles con el ahorro fiscal— fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit, algo que el oficialismo descarta aceptar.
La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto en general durante la sesión de la madrugada, pero no consiguió avanzar con el capítulo clave que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Ese apartado fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el texto que ahora debería tratar el Senado “vulnera el déficit cero”, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. Para el oficialismo, mantener vigentes esas normas implica obligaciones de gasto que comprometen el superávit fiscal y contradicen el mandato electoral.
En ese marco, el Ejecutivo analiza distintas estrategias: demorar el envío del proyecto al Senado, intentar reintroducir los artículos eliminados —aunque no tiene los votos para hacerlo— o directamente vetar el Presupuesto si se aprueba sin cambios. “Solo la ley de Discapacidad representa alrededor de cinco puntos del PBI”, remarcan en el entorno presidencial.
El malestar del Gobierno también tiene un fuerte componente político. En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores por la caída del Capítulo XI y apuntan especialmente a tres mandatarios cuyos legisladores no votaron como se esperaba. Entre ellos mencionan a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes), estos últimos acusados de haberse “dado vuelta” a último momento.
El rechazo se produjo pese a que, en las semanas previas, el Gobierno concentró el 33% de las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional en seis provincias, con envíos millonarios a Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta.
Mientras tanto, en el oficialismo admiten que una alternativa es continuar en 2026 con un esquema de manejo discrecional del gasto, como ocurrió con la prórroga del presupuesto de 2023 durante 2024 y 2025. Una situación que, puertas adentro, consideran preferible antes que convalidar un Presupuesto que no garantice el superávit fiscal.
